La separación de poderes exige que el poder ejecutivo no se inmiscuya en la acción de la justicia. Los tribunales sólo pueden guiarse por algo: la ley. Y cuando hablo de la ley, me refiero tanto a las normas penales que cada sociedad se da democráticamente, como al debido respeto de los derechos humanos.

Desde hace semanas, sin embargo, somos testigos de un proceso imposible de entender si no es por la existencia de una firme voluntad política de un país por socavar la soberanía y tumbar un gobierno enemigo. Hablo, claro está, de la guerra económica, política y jurídica entre los Estados Unidos de América y Venezuela. Una batalla campal que se remonta a tiempos del presidente Chávez y que se ha vigorizado en los últimos tiempos, en especial con esta etapa que enfrenta a Donald Trump y a Nicolás Maduro. La percepción política de la situación en Caracas o en Washington DC, las afinidades ideológicas o los deseos más o menos interesados para el futuro del país caribeño no pueden, en ningún caso, justificar la manipulación del poder judicial estadounidense, el bloqueo económico, ni tampoco el de terceros países como Cabo Verde.

Alex Saab, a pesar de los ataques que recibe, en la mayoría de los casos, basados en noticias cuyas fuentes o son muy dudosas o de interesado matiz partidista, tiene derecho a la presunción de inocencia, en todo caso hasta que se demuestre lo contrario, esta siendo sometido a un proceso de extradición sui generis en el que las garantías brillan por su ausencia, desde que se vio obligado a aterrizar en Cabo Verde cuando participaba en una misión humanitaria como Enviado Especial de Venezuela para aliviar la crisis del Covid-19. Desde entonces, se ha desencadenado toda una sucesión de eventos que responden, más a una voluntad empecinada de aprehensión sin importar los medios, que al respeto del debido proceso con las más mínimas garantías procesales. Un arresto sin orden internacional de detención en vigor y efectuado antes de la notificación de INTERPOL. La imposición de la prisión provisional del todo innecesaria. Decisiones vacías de la Corte Constitucional caboverdiana sin atender a la legalidad del país. Indefensión absoluta por no permitirle tener una audiencia y examinar sus pruebas e informes en una vista ante el juez. Decisiones sorpresivas sin oír al afectado. Escritos de la fiscalía sin notificar a la defensa… Todo éstos son algunos ejemplos, de otro modo impensables, a los que el equipo de defensa se está enfrentando, y que seguirá haciendo por el tiempo que sea necesario y que no sea exhibido como un trofeo electoral del presidente norteamericano.

La vulneración de su inviolabilidad e inmunidad diplomáticas, algo que Estados Unidos insiste en sacralizar para sus propios políticos y soldados con vistas a bloquear cualquier investigación contra los mismos en la Corte Penal Internacional si alguna vez se les investigase por la comisión de crímenes de guerra, se ha cercenado de forma grosera en este caso. A Alex Saab no se le acusa de cometer crímenes internacionales, ni de guerra, ni de genocidio. Los hechos, absolutamente infundados, versan sobre un blanqueo de capitales inexistente por transferencias del todo ajenas a Estados Unidos que habrían derivado de presuntas e inconsistentes prácticas corruptas en el extranjero. La Administración de Washington, se ciñe el uniforme de policía del mundo para extender su ley penal hasta límites insospechados para así perseguir supuestos delitos económicos que, en caso de ser ciertos, sólo les incumbirían de manera remotamente tangencial, sino nula.

A nadie se le escapa que la petición de extradición no es más que una excusa caprichosa para capturar y tener bajo custodia a aquél que consideran cercano a su archienemigo: Nicolás Maduro. Para conseguirlo, están dispuestos a torcer el Estado de Derecho, la ley, sus tribunales nacionales y también los caboverdianos, el proceso debido, la soberanía de las naciones y, sobre todo, lo derechos humanos. Todo esto es simplemente inadmisible. El fin nunca justificará los medios.

La situación de Alex Saab en prisión en Cabo Verde es insostenible. La defensa tiene constancia de que permanece encerrado 23 horas al día sin luz. Su celda es de 2m por 2m, que incluye un hueco en el piso para hacer sus necesidades y encima bañarse con un balde. Con un calor extremo, la celda está plagada de bichos que le provocan picaduras ya que, por temor, según las autoridades responsables, a que se mate no le dejan usar desinfectante. Y esto respecto de una persona que tiene la mitad de su estómago, por extirpación por tumor cancerígeno y que ha perdido casi 20 kg en 54 días. Son unas condiciones muy graves que en casos similares y siendo otro diferente a US el agente de persecución, no se llegarían a producir. El equipo de defensa del señor Saab está denunciando todas las deplorables condiciones a las que se ve sometido. No es sólo que temamos que Saab se utilizado, torturado y con la certeza de que no recibirá un juicio justo, sino la certeza de que el proceso puede acabar muy mal dada la presión política que se esta ejerciendo. Este es, también, el parecer de toda una serie de expertos de primer orden que, con sus informes, ratifican con estupor estar atestiguando el último proceso político de la última contienda internacional de Estados Unidos. Una contienda que no se rige según las leyes en tiempo de guerra (warfare), si no que moldea esas leyes como una verdadera arma de guerra: el lawfare, o guerra jurídica en donde la norma, aparentemente lícita, es instrumentalizada para abatir al enemigo político.

La lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos es, en buena medida, responsabilidad de los tribunales. Pero este objetivo noble se corrompe y pudre cuando se inventan hechos, se cercenan los derechos del acusado y se desvanecen las premisas mínimas de un juicio justo. No puede haber Justicia edificada sobre la injusticia. No caben las sentencias escritas antes del juicio. No hay espacio para la “presunción de culpabilidad”. No se puede permitir, en definitiva, la politización de la Justicia.

Por eso acepté este caso y por eso el equipo de defensa dará la batalla en este proceso por muchas semanas, meses o años que pueda prolongarse como es de prever. Haremos una defensa, hasta el final, con la ley en la mano, ante todas las instancias y mecanismos con la firme esperanza de que, en algún momento de este absurdo proceso, la aplicación de la ley recobre la dignidad, rigurosidad y ánimo de ser justa que jamás debió perder.

*Artículo textual del abogado Baltasar Garzón